martes, 2 de septiembre de 2008

UN MARTILLERO CON BANDA PRESIDENCIAL

En el Perú no hay democracia. En el Perú lo que hay es una elección justa –o al menos eso nos dicen que es– cada cierto tiempo, donde se eligen autoridades que hacen lo que se les da la gana con el país, como si éste fuera su chacra, su patio trasero o la cuatro por cuatro que se acaban de comprar. Democracia es otra cosa.
La democracia son los valores morales de un gobierno, su prolijidad en lo que a libertades se refiere, su decencia y pulcritud en cuanto a manejo económico. Por eso lo que hay es el Perú es cualquier cosa o, mejor dicho, cualquier nada menos democracia.
Si estuviéramos en democracia no tendría que leer los diarios extranjeros para poder enterarme de lo que ocurre en mi país y que la prensa local ha decidido ocultar. Bueno. La prensa, en realidad, no ha decidido mucho. Ellos dicen que sí a todo: chamba es chamba –como dicen algunas putas en los burdeles más sucios de Lima–.
Pero sigamos con lo nuestro.
Uno de los periódicos extranjeros que más sigo es el diario británico The Independent.
Pues bien, este diario, en una de sus ediciones más recientes, cuenta cómo el gobierno peruano está abriendo la billetera para recibir cerca de 2 mil 500 millones de libras esterlinas (4 mil 700 millones de dólares) por la venta de PETROPERÚ a una gran corporación de la China olímpica a la que tanto admira el doctor García.
¿Y cómo así se concretaría esta venta?
De la misma forma en la que se aprobó “la ley de la selva”, así también se habría aprobado vender, no sólo PETROPERÚ, sino, varias empresas estatales. Es decir, con las facultades especiales que le otorgó el parlamento al Poder Ejecutivo, para legislar durantes 6 meses en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Explico:
Una vez aprobado el TLC con los Estados Unidos, el ejecutivo tenía que “preparar el terreno” para la puesta en marcha del acuerdo comercial con EE.UU. Razón por la cual el congreso le brindó facultades especiales al ejecutivo para legislar durante 6 meses.
Faltando pocos días para que termine este plazo el ejecutivo envió una avalancha de decretos al congreso, en lugar de enviarlos poco a poco.
Uno de esos tantos decretos –el 1031, para ser exacto– establece la privatización de muchas empresas públicas, entre las que podemos destacar PETROPERÚ, SEDAPAL, CORPAC, la refinería de Talara y las generadoras de energías. Todas ellas de sumo interés para el país, ingresarán a la Bolsa de Valores de Lima, con un mínimo del 20% de sus acciones. El decreto no establece un máximo de participación, por lo que no sería difícil pensar que alguna de ellas juegue su 100% en la BVL, por lo que dejarían de ser estatales y pasarían a manos privadas.
La cosa iba ser igual con PETROPERÚ. Pero ante una posible derogatoria del decreto que autoriza la privatización de las empresas públicas, el gobierno habría preferido vender PETROPERÚ de forma directa a una trasnacional asiática.
Los vínculos sucios de García a las corporaciones chinas no son recientes. En su primer gobierno –de repente unos no lo recuerdan, otros prefieren no recordarlo– se produjo uno millonario escándalo de corrupción por la compra de medicinas chinas vencidas.
La pregunta es ¿el doctor García renovará vínculos funestos como el gigante olímpico del Asia vendiendo nuestra empresa nacional de petróleo?

Original de "Matices de Opinión"
Tomado por "Perú.com"
Autor: Pedro Armando Rosario Ubarnes

2 comentarios:

Aldito M. dijo...

Aquí, como de costumbre, ha funcionado la criollada. Se ha aprovechado una delegación bastante amplia de materias, para meter muchas cosas que en verdad difícilmente corresponden, y espero que el Congreso haga el control respectivo.

La ley confiere competencias al Ejecutivo, pero es para poder adecuar la legislación interna a la aplicación del TLC con Estados Unidos, y muchos de los DL que han metido son normas que tienen un carácter permanente, y que se aplican a un conjunto de personas que poco o nada tienen que ver con el TLC.

Hay normas sobre educación, sobre gerencia de la administración pública cuando el Estado no es empresario ni exporta, sobre las comunidades campesinas. Se regulan situaciones permanentes tanto para quienes hacen comercio internacional como para quienes no.

Y eso es inconstitucional, un abuso, un exceso de las atribuciones delegadas que genera responsabilidad política para el gabinete, y constitucional. El Ejecutivo podría ser emplazado, censurado e incluso procedería la inhabilitación para los políticos que se exceden en el uso de sus atribuciones, los que han firmado los decretos. No creo que esto ocurra pero sería bueno.

DATOS

Ausencias. En el texto de los decretos legislativos debería incluirse la materia de delegación especial a la que hace referencia y la parte específica del TLC que impone al Perú la necesidad de dictar una ley sobre esta materia, algo que no sucede.

Retraso. Ayer las Normas Legales, que publicaban los 37 DL nuevos, no llegaron a los quioscos hasta el mediodía, varias horas después de lo habitual.



Todo está ahora en manos del Parlamento

Una vez promulgados los DL su derogatoria depende del Congreso, más exactamente del subgrupo de control político, presidido por Víctor Mayorga (PN), que en la actualidad se encuentra estudiando 30 de los textos legales. El resto aún no ha sido derivado a esta subcomisión.

El subgrupo de control político puede derogar un DL por dos motivos: porque no se ajusta a la materia delegada o porque se ha expedido fuera de plazo. Existe una tercera posibilidad, que es derogarlo porque su promulgación no sea oportuna políticamente. Los decretos también pueden ser cuestionados ante el Tribunal Constitucional por la vía de los procesos de inconstitucionalidad.

Este conjunto de DL tiene su antecedente en marzo del 2001, en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando el ministro Carlos Boloña comenzó una reforma económica de corte neoliberal basada en el Consenso de Washington, un paquete con diez medidas económicas fijadas por los organismos internacionales con sede en esta ciudad de Estados Unidos para América Latina.

Hoy el pretexto es adecuar la legislación vigente para que sea compatible con el TLC firmado con Estados Unidos y los DL promulgados recuerdan esa reforma que Fujimori no pudo completar, ya que eliminan paulatinamente la actividad empresarial del Estado, vía la privatización de las empresas públicas, y potencian al máximo la inversión privada. Las nuevas leyes han sido, en su mayoría, elaboradas por los principales estudios de abogados y por prestigiosas consultoras.

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