El búfalo del hortelano

Una organización aguaruna del Cenepa ha presentado tres denuncias fundamentadas a la Direccción de Concesiones Mineras del ministerio de Energía.
Las tres se refieren al artículo 71 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros tener, ni directa ni indirectamente, minas o tierras dentro de los 50 kilómetros contiguos a cualquier tramo de nuestras fronteras.
Es cierto que ese mismo artículo estipula, como excepción, el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros.
Sin embargo, ese no es el caso al que se refiere Zebelio Kayap, uno de los principales líderes de los aguarunas en el Cenepa.
El caso al que se refiere Zebelio Kayap es el de unos mineros peruanos que tenían concesiones en la zona reservada Santiago- Comaina y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor. Esas concesiones se dieron a pesar de las advertencias que, originalmente, plantearon expertos del Inrena.
Esas advertencias constaron en el informe número 941, publicado el 8 de enero del 2008, y apuntaban, entre otras cosas, a lo siguiente:
“...los petitorios mineros se encuentran ubicados en una zona de amortiguamiento, sobre un abanico de ríos que desembocan al río Cenepa, el mismo que ingresa, aguas abajo, a la Reserva Comunal Tuntanain, por lo que el desarrollo de actividades mineras en dichos petitorios conlleva una elevada probabilidad de contaminación...”
Presiones del alanismo corrupto y “perrohortelánico” llevaron al desaparecido Inrena a retractarse, aunque, curiosamente, sus especialistas no cambiaron un ápice sus puntos de vista ambientales. Fue una manera de dejar constancia de la situación de rehenes en que tuvieron que firmar el segundo documento.
En ese momento era dueña del denuncio la empresa minera Afrodita, de propiedad del empresario peruano Jorge Bedoya Torrico. Bedoya, que tiene influencia en los círculos de poder del alanismo, fue uno de los que más presionó al Inrena para que “admitiera” que, a pesar de los peligros de polución, el proyecto fronterizo podía hacerse.
Meses después, sin embargo, Bedoya Torrico se olvidó del emprendimiento, dejó de lado su espíritu aventurero y, de un sopapo, le vendió la concesión entera a Dorato Perú, una empresa que ahora finge ser peruana pero que es más canadiense que Air Canada.
En efecto, Dorato Perú es la subsidiaria “nacional” de Dorato Resources, empresa canadiense que es parte del Grupo Cardero.
Vicepresidente del Grupo Cardero es un gran amigo de Alan García. Se llama Carlos Ballón.
En la página electrónica de Cardero Resource Corporation se puede leer lo siguiente:
“Carlos Ballón, VP South America.-A graduate from Colorado School of Mines and experienced mining engineer...Advisor to APRA (Mr. García’s party) to develop Peru’s current Mining Plan. Advisor to Scotia Bank Peru (former Banco Wiese) on settlement of Minera Milpo and Minera Atacocha (Peru’s largest Zn producers)...”
Sí, señores: el señor Carlos Ballón, asesor del doctor Alan García en temas de minería, miembro principalísimo del equipo que diseñó el plan minero del gobierno aprista, es el hombre que, en nombre de la corporación canadiense que vicepreside, está detrás de la compra de la mina Afrodita.
Para que esa transacción fuese legal hubiese sido necesario cumplir con el requisito que establece el artículo 71 de la Constitución, es decir el decreto supremo “aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.
Hasta donde sabemos ese decreto no ha sido promulgado. Y, por lo tanto, la presencia de esta mina de canadienses, por muy bien representada que esté por el señor Ballón, es ilegal porque se sitúa dentro de los 50 kilómetros de interdicción que señala el artículo 71.
Para los chinos que compraron Majaz, una de cuyas extensiones muerde la frontera con Ecuador, García sí expidió el decreto correspondiente. Esta vez ni siquiera se ha tomado la molestia. Total, la cosa queda casi en familia. Y con el Congreso pareciéndose cada vez más al Parque de las Leyendas, todo discurre suavemente.
En enero de este año el viceministro de Minas Felipe Isasi les juró a los aguarunas que era una mentira que la canadiense Dorato hubiese comprado la mina Afrodita.
“Nos pidió que lo ayudásemos a encontrar pruebas del asunto”, dice un dirigente aguaruna.
Ahora, luego de las tres cartas denunciatorias presentadas una tras otra, ni el vice ni el ministro dicen nada. Como tampoco dicen nada cuando los aguarunas argumentan que la concesión minera jamás les fue consultada, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.
Esa es la política del búfalo del hortelano. Eso es “poner en valor”. Eso es demostrar que “las riquezas del subsuelo pertenecen a todos los peruanos”. Con la intermediación de chinos y canadienses, claro está. Y con la participación de los amigos del doctor García.