En el mes de las olimpiadas, el Perú ha estado en la noticia de las principales cadenas y diarios del mundo. No precisamente por haber ganado alguna medalla en Beijing. Desde CNN, la BBC o Al Jazzera hasta Le Monde, The Bangkok Post, The New York Times, Clarín o Le Temps, la prensa mundial ha informado sobre la tensión social y nacional por el conflicto de tierras indígenas en la Amazonía.
La imagen: Un gobierno que violando su Constitución y el derecho internacional legisla para promover la privatización de ancestrales tierras comunales, con el objetivo de inducir su venta a consorcios internacionales petroleros y gasíferos. Nada más y nada menos. Es decir un gobierno hundido en el pasado de la explotación no sustentable de los recursos naturales de su propio país y reacio a entrar a la modernidad que implica el respeto a la identidad cultural de las comunidades nativas y al derecho de participar en las decisiones que afectan sus tierras. Una suerte de lucha entre las prácticas más oprobiosas de la explotación indígena del pasado y las nuevas prácticas de la modernidad y la democracia que promueven la inversión y el desarrollo con respeto de los derechos indígenas.
Todos los peruanos queremos que la inversión crezca en el Perú. Que podamos convertirnos en un país exportador de petróleo y gas, satisfechas reservas y necesidades internas. Y no hay duda que la voluntad nacional ansía que los siempre postergados y marginados peruanos y peruanas de la Amazonía deben ser beneficiarios y actores directos del desarrollo sustentable de la selva. Pero las erráticas e incompetentes decisiones del gobierno atentan contra todo ello. Hay una contumacia en hacer las cosas mal.
El Perú puede y debe conciliar la inversión en la selva con respeto y promoción de los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas. Ello implica sabiduría en la acción de gobierno para transformarla en gobernanza. El gobierno son las decisiones de las autoridades electas, buenas o malas. La gobernanza es la acción de gobierno fortalecida por la legitimidad de la consulta, el diálogo social y ciudadano, la negociación y el consenso. En el gobierno se puede tomar, como es el caso actual, decisiones que favorecen sistemáticamente a los ricos. En la gobernanza se concilia los intereses de todos. Y en un país como el Perú, tan desigual, ese equilibrio entre los intereses de todos debe hacerse con atención preferente de los pobres, los marginados, los excluidos.
La Ley de la Selva ha violentado los Arts. 2 y 89 de la Constitución, el Convenio 189 de la OIT, el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 8, 18,19 y 32 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un “pedigree” nada democrático. Si se observa la ley que la deroga, se violentará también la voluntad nacional y los consensos internacionales.
Autor: Manuel Rodríguez Cuadros
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2 comentarios:
La derrota política que el Apra ha recibido en el Parlamento, en su intento de imponer la “Ley de la Selva” –es decir, el paquete de decretos que pretende allanar el camino a la desposesión de las tierras de las comunidades nativas para favorecer a los monopolios extranjeros– dice algo sobre nuestra historia.
Alan García persiste en una política que repite lo peor del repertorio político criollo con relación a las poblaciones indígenas. Algo que es una constante en la actitud del Apra con relación a las poblaciones andinas y amazónicas (“vasto e ignaro campesinado”, las llamó Haya de la Torre en El antimperialismo y el Apra), que asume que los indígenas son incapaces de iniciativas políticas autónomas: si se movilizan, deben de haber agitadores metiéndoles en la cabeza esas ideas que ellos son incapaces de producir por sí mismos.
Esto no hace más que reciclar los viejos prejuicios racistas coloniales, que “minorizan” a la población indígena.
Los indios son vistos tradicionalmente desde el poder como menores de edad: niños incapaces de hacerse cargo de sí mismos y de pensar por cuenta propia. De allí que la política indigenista estatal tradicionalmente haya sido la tutela: una política reservada para los niños y los minusválidos.
Desde los inicios de la República, las clases dominantes del país cultivaron una ideología según la cual el Perú era un “país vacío”.
Por eso, hablar de construir la Nación a lo largo del siglo XIX era hablar de inmigración: se necesitaba importar colonos para explotar las ingentes riquezas naturales del país, porque el Perú no tenía la población para hacerlo. Esto era una ilusión ideológica; si el país les parecía “vacío” era porque no consideraban que los indígenas formaran parte de él. La contrapartida del país vacío son precisamente los nativos invisibles, inexistentes.
Cuando el arquitecto Fernando Belaúnde decidió imitar a Brasil, y construir la capital del Perú en la Amazonía, surgió el proyecto Ciudad Constitución. Pero cuando viajó a inaugurarla aparecieron nativos armados con arcos y flechas que pretendían enturbiar las celebraciones y tuvieron que ser corridos a tiros por la Guardia Civil, para que continuara la ceremonia. Eran los habitantes de esos territorios, sus propietarios ancestrales. Pero, claro, eran invisibles… Según me contaron, el trazo de las calles de Ciudad Constitución terminó convertido en un excelente aeródromo para las avionetas del narcotráfico.
Es risible pretender construir la modernidad con políticas del siglo XIX.Me sumo al homenaje a Constantino Carvallo. Conforta ver la huella que has dejado a tu paso por la tierra.
fdisk2k said:
Alan quiso saltarse con garrocha esta ley... ¿qué tiene que ver el TLC con esta ley? que yo sepa no es necesaria este ley para implementar el TLC... o sí? o es que hay algo oculto o de contrabando en esta ley?
Sobre las avionetas y la selva... habría que preguntarle o investigar a Dionisio Romero por qué sus avionetas volaban con tan poco pasajeros.... y muchos intis a la selva....
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