Petroaudios y petroprensa

En todo esto de los petroaudios está el asunto de que los periodistas reclamamos un estatuto especial porque nuestra misión es también especial.
Es decir, exigimos privilegios porque se supone que le contamos a la gente lo que pasa en el mundo y eso, naturalmente, se considera una labor extremadamente delicada.
¿Pero eso es lo que hace la prensa en el Perú? ¿Eso es lo que hace en el mundo?
La respuesta a ambas preguntas –salvando las excepciones- es un rotundo ¡no!
La prensa, cada vez más roída por el poder del dinero, le cuenta a la gente lo que le da la gana, omite lo que la perjudica, censura a quienes pueden ser peligrosos por indómitos, destaca lo que son sus paradigmas, sataniza lo que considera herejías y, en suma, crea un mundo paralelo que se parece al mundo real tanto como una lombriz se parece a una esmeralda.
Digamos de una vez por todas, y sin temerle al tumulto gremial que grita eslóganes, que las prerrogativas que exige la prensa peruana no se concilian con la abdicación que ha hecho de muchos de los principios que la hicieron alguna vez respetable.
Resulta absolutamente indefendible, por ejemplo, festejar el apresamiento –justísimo- del “Chito” Ponce Feijoó y describir sus delictivas actividades, para luego, en una pirueta de hombre-bala en el circo, pasar a decir que lo obtenido por Ponce Feijoó en sus correrías de sucio topo es “saludable para el país”, “decisivo para la democracia”, “devastador para la corrupción”. Esos niveles de cinismo son, aun para el Perú, extraordinarios.
Business Track, creada en el 2004 por ex oficiales de marina metidos en la guerra sucia, es una empresa dedicada a una actividad ilícita, que servía a clientes cuyos propósitos eran más ilícitos todavía, que empleaba métodos del hampa electrónica –métodos aprendidos en el servicio de Inteligencia de la Marina de Giampietri (no la de Grau), y que vendía su material a reducidores que lo usaban para librarse de competidores, espiar a adversarios potenciales, o acopiar información útil para la extorsión.
Estos “destructores” con uniforme, estos mercenarios del chupón fueron, por encargo de una empresa dispuesta a demostrar que el Perú era el burdel del que hablaba Macera, los que abastecieron a “Cuarto Poder” –ese programa tan afecto a no crearle problemas a lo políticamente correcto- de los llamados “petroaudios”.
¿Querían Ponce Feijoó y su gavilla moralizar al país? ¿Pensaban en la higiene política cuando grababan a ese viejo procaz apellidado Químper y a ese plenipotenciario de Lurigancho apellidado León?
Y cuando la empresa que los contrató para esa tarea específica le regaló a Rospigliosi ese botín, ¿quería abortar una corruptela en marcha o quería, entre otras cosas, deshacerse de quienes le habían hecho pagar decenas de millones de dólares de merecidas multas?
Si Ponce Feijoó cometió un delito sistemático –y lo cometió-, ¿por qué habría que erigirle un monumento a quienes compraron su mercadería?
¿Y quiénes reclaman ese monumento? ¿No son los periodistas que hicieron de la unidad de investigación de “El Comercio” una fábrica de documentos falsos e insinuaciones infames? ¿No es un ex ministro que trabaja para la embajada norteamericana y no puede dejar de estar en el escenario?
Admitamos que métodos y personajes tan ordinarios lograron, sin embargo, que nos enteráramos de las andanzas de Rómulo León, ese alanista furioso y demasiado indiscreto que García detesta porque apesta a la legua y no sabe disimular sus apetitos.
Es cierto, los petroaudios nos han llevado hasta la ventana de ese Malraux nuestro que era Alfredo Barnechea. Y por la ventana hemos visto que nuestro Malraux tenía tiempo para pensar en negocios con Maimann y en expectativas de negocios con Slim –la dura cotidianidad del pan ganado con el sudor del teléfono, se diría-.
Pero, más allá de la anécdota, están los principios que deberían prevalecer. Y uno de ellos es el de la coherencia. Y decir que Ponce Feijoó es un delincuente y, al mismo tiempo, un fantástico abastecedor de primeras planas, es incongruente por donde se le mire. Y señalar que los periodistas debemos estar siempre más allá de la ley es de un narcisismo colectivo que sólo los mañosos y los ingenuos –cada uno por su lado- convierten en prédica.
Tiene que haber un punto en donde se concilien la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las comunicaciones –derecho que puede levantarse si un juez lo ordena-. Decir que los periodistas hacemos lo que queremos porque nos da la gana y porque somos mejores es parte de una histeria anarcoide que algo tiene que ver con la anomia y algo con el engreimiento y el abuso.
¿Que gracias al primer vladivideo terminó el vertedero de Fujimori? Pues precisamente ese es un mal ejemplo para los ultras del gremialismo periodístico. Eso fue una autofilmación, un suicidio perfecto. Y tenía la relevancia pública que no tienen las jactancias de un mujeriego braguetero que hoy se cuelgan en Internet.
¿Que los Papeles del Pentágono no se hubiesen conocido si los métodos prohibidos no fuesen parte de los recursos de la prensa?
Menuda ocurrencia esta de comparar a Ponce Feijoó con Daniel Ellsberg, el funcionario de la Rand Corporation que, analizando el fracaso estadounidense en Vietnam por encargo de McNamara, entregó al New York Times y al Washington Post los 7,000 folios que había fotocopiado en secreto y que eran el cuaderno de bitácora de la corrompida política de los Estados Unidos en el sudeste asiático.
Ponce Feijoó es un sicario a tanto el poste intervenido. Ellsberg fue un idealista que se enfrentó al peor de los Nixon, al FBI que allanó el consultorio de su psicoanalista para acusarlo de demente y a la maquinaria del Pentágono, que hizo todo lo posible para enviarlo a prisión. Ellsberg no vendió nada sino que se compró, involuntariamente, la merecida posteridad y el respeto de todos. ¿Cómo puede mezclarse papas con camotes, chupones con patriotismo, petroleras mugrientas con altruismo, chavetas con espadas de honor?
La publicación de los Papeles del Pentágono, en 1971, fue el comienzo del fin de Richard Nixon. Muchos de quienes reclaman estatuas con su nombre serían incapaces de publicar algo que de verdad hiciera tambalear “el sistema” alanista, esa injusticia que se hace llamar orden. Y otros de los que hablan desde sus flamantes púlpitos de paladines de la libertad de expresión se callaron en castellano y en chino mandarín cuando Fujimori defecaba sobre la Constitución.
Recurrir al hampa para indagar es lícito. Aplaudir sus métodos cuando nos conviene es lamentable.