Una norma que conculca los derechos del Quinto Suyo

Por Manuel Rodríguez Cuadros

Vallejo en 1926 se quejaba a Pablo Abril de Vivero, primer secretario de la embajada en París, sobre la insensibilidad del gobierno de Leguía para con los peruanos en el exterior. Lamentaba que el gobierno sólo escuchase a los “cholos peñalozas” y que sea insensible y déspota con los cholos migrantes sin gran apellido. Vallejo se decía “realista” al no esperar gran cosa de una administración consular que asumía una actitud prefectural y autoritaria, ajena a los derechos de los pocos peruanos que vivían en Francia.
Ha pasado casi un siglo y la migración llega hoy al 10% de la población. Y esos peruanos y peruanas que como Vallejo migraron por la asfixia vital o laboral de su propia patria, contribuyen al desarrollo nacional, al crecimiento económico y a la débil cohesión social del país con cerca de 3,000 millones de dólares anuales, a través de las remesas. Éstas constituyen el más grande, autónomo y eficaz plan de lucha contra la pobreza. Son 9,000 millones de soles al año que se inyectan directamente, sin intermediarios, a la alimentación, el vestido, la educación y la salud de millones de peruanos. ¿Y cómo retribuye el gobierno del presidente García a este generoso y solidario compromiso del “Quinto Suyo”? Lo hace desmantelando la política de reforma consular y promoción de los derechos de los peruanos y peruanas en el exterior. Conculcando sus derechos.
En mi gestión como viceministro y ministro de Relaciones Exteriores esa reforma se inició con la finalidad de sustituir el paradigma del “cónsul-prefecto”, rezago del Perú oligárquico, por la del “cónsul-servidor público”, inherente al estado democrático. Elemento esencial de esa estrategia fue abrir la gestión consular al aporte de los propios usuarios del sistema a través de los Consejos de Consulta, instancia asociativa de participación y sana supervisión de la administración. En siete años, los consejos han empoderado ciudadanía y han permitido mejorar la prestación de los servicios y las actividades de protección de los consulados, aplicando los principios de no discriminación, celeridad, inmediatez y legalidad.
La Cancillería ha aprobado una ilegal resolución ministerial destinada a liquidar los Consejos de Consulta, al supeditar el acto electoral de su constitución al voto mínimo del 5% de los peruanos acreditados en cada sede. El objetivo es poner una valla de participación imposible de cumplir para eliminarlos. Además, se han cambiado sus funciones y ahora se les concibe como entes que deben aplicar las decisiones del cónsul, como si fuesen empleados, sin sueldo por cierto, y sujetos a sanciones.
Las comunidades peruanas en el exterior se están movilizando contra esta decisión que vulnera su derecho a la participación. Deben hacerlo hasta obtener su derogatoria.