García y los derrumbes asesinos

El ingeniero Ernesto Ciriani Pérez-Alcázar llamó hace más de tres meses a una radio donde el alcalde Manuel Masías se estaba luciendo derramando promesas litradas y a granel.
Ciriani le planteó un problema específico de comercio ilegal que ya obraba en poder del municipio y tenía número de expediente y todo. Alguien había incumplido una norma en la calle José Gálvez, cuadra 5, Miraflores.
–No se preocupe: hoy mismo, esta tarde misma, lo recibiré y veré su reclamo, que me parece justo –dijo Masías sin que se le moviera una pestaña.
–Muchas gracias, señor alcalde. Allí estaré –dijo Ciriani, quien estaba grabando la conversación.
La locutora no cabía en su pellejo. Masías resolvía las cosas en tiempo real, los oyentes parecían quedar estupefactos ante tanta atención, Miraflores progresaba desde una cabina radial.
Ciriani fue esa tarde pero nadie lo atendió.
Regresó al día siguiente pero nadie lo atendió.
Fue a la siguiente semana pero nadie lo atendió.
Pasaron tres meses y nadie lo atendió.
Hasta hoy nadie lo atiende.
Ese es el retrato robot de Manuel Masías: un irresponsable demagogo, un mentiroso al menudeo, un señor al que debiera levantarse el secreto bancario en vista de tantas remodelaciones inútiles, tantas veredas vueltas a hacer para ganar 60 centímetros de ancho, tanto cemento que redunda y huele mal.
Ahora dice Masías que “investigará hasta las últimas consecuencias”.
Las últimas consecuencias deberían llegar hasta su puerta. Porque Masías –si el Perú fuera un país y no un cobertizo– tendría que ir a parar a la cárcel junto a los mandamases de “Inversiones Jaqueline” (promotores) y “JIJ Ingenieros SAC” (dizque constructores). Este triángulo bermudiano tiene responsabilidad penal en el asunto porque desde el 11 de febrero de este año el señor Alejandro Pinglo Meza Cuadra –cuya vivienda, contigua a la construcción salvaje, ya tenía daños estructurales– había hecho una advertencia pública sobre lo que podía ocurrir.
“Apenas empezaron a excavar, mis paredes se rajaron. Era evidente que lo estaban haciendo mal y allí mismo las autoridades debieron parar la obra”, declaró Pinglo Meza Cuadra al diario “La República”.
¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no mandaron a parar?
Masías admite ahora “que los técnicos del municipio inspeccionaron la obra y no encontraron nada irregular”.
¿Y cuánto costó que no encontraran? ¿Cuánto hubo en juego para que no se dieran cuenta de lo que era clamorosamente evidente?
¿O es que los técnicos del municipio de Miraflores sólo son imbéciles?
Pero tanto si son chulos de la construcción como si son ordinariamente imbéciles, las huellas llegan hasta la responsabilidad de Manuel Masías.
Masías ofrece ahora hoteles para los damnificados, asesoría legal para los familiares de las víctimas, cara de circunstancias para las cámaras, voz adolorida para los micrófonos, seriedad de enterrador para las fotos. Y se atreve a decir que la culpa la puede tener “la desburocratización, el destrabamiento de las licencias, el premio a la rapidez y el descuido, quizás, de la seguridad”. Es cierto que una ley construida por el Apra (y Graña Montero) permite lo inimaginable en materia de edificaciones. Pero también es cierto que quien tiene vigilar –aun corrigiendo de facto a la ley– que la celeridad administrativa no permita que rufianes de la construcción maten obreros, es el alcalde.
Ya el presidente del Colegio de Ingenieros del Perú ha dicho que, luego de ver el grosor de la calzatura, es posible afirmar “que en esa obra los ingenieros especialistas brillaron por su ausencia”.
Y el viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, ha sido preciso: “Esta tragedia pudo ­evitarse”.
Y el jefe de Defensa Civil se ha sumado: ­“Aquí (en Reducto, Miraflores) se han cometido las mismas faltas que en Gamarra (donde murieron hace poco ­ocho obreros sepultados por otro derrumbe)”.
El día de la tragedia, muy temprano, hubo un leve deslizamiento de piedras. Los obreros que estaban en la zanja de 20 metros de profundidad –donde iban a ir los cimientos de un edificio de cinco pisos con dos sótanos de estacionamiento– se miraron unos a ­otros. ¿Sería un presagio, un ­aviso? Lo cierto es que en ese momento los trabajadores presentes en la excavación eran once. Siete de ellos salieron antes del derrumbe de aquel muro criminalmente levantado. De modo que –para usar el lenguaje de la Cámara Peruana de la Construcción– podemos sentir algún alivio: los muertos pudieron ser una oncena.
Pero si el expediente policial conduce a la casa de Manuel Masías, el político le toca el timbre a Alan García. En ­efecto, este gobierno que tan bien se vende ha promulgado, con la anuencia del Congreso en su fase de tapizón de tránsito intenso, la ley que permite, en efecto, el crimen organizado en la construcción civil.
Me refiero a la ley 29090, ­aquella que –a la caza del perro del hortelano– salió de la presión de las constructoras (y de su chequera), aquella que García firmó con alegría cementera, aquella que permite construcciones sin licencia, sin perfil técnico, sin supervisiones de ninguna clase. Y las permite para urbanizaciones “de no más de cinco hectá­reas”, “edificios que no superen los tres mil metros cuadrados y tengan hasta cinco pisos”, “viviendas de hasta 120 metros cuadrados” y “ampliaciones que no superen los 200 metros cuadrados”.
O sea que García, los constructores y Garrido Lecca, con su bandera de huesos cruzados flameando en el mástil, han decretado la informalidad homicida en la industria de la construcción. Pero de eso nadie habla. A esos temas se les echa tierra. Como a los obreros.
¿Dónde están los matanceros de Gamarra? ¿A cuántos ­años los condenaron?
¿Dónde estarán los de JIJ Constructores?
Quizás tomándose un preocupado cafecito con algún inspector municipal.