miércoles, 29 de abril de 2009

En el nombre del padre

Modelo de estadista para el gobierno peruano y sus socios, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no sólo tiene una historia manchada por graves denuncias de vinculación con el narcotráfico y los paramilitares. Por casa tampoco andan muy limpias las cosas.
Una investigación de la revista colombiana Semana reveló que los hijos del Presidente Alvaro Uribe se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto, según la fuente, desborda el ámbito de las actividades privadas de Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente del país vecino.
Según el informe, el 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera. Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.
La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno, para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".
En virtud de ese contrato, añade Semana, nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos. Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio, prosigue el reporte, y en Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados.
En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera, añade el informe. Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras.
En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno. Semana agrega que nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto. En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC.

En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".
Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo Uribe, los hijísimos, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO).
Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto, integrada por altos subalternos del Presidente: el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.
Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente". El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar la declaración del área como zona franca, reveló la investigación.
Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.
Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue invitado a formar parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas.
En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento, indica el minucioso informe de la revista colombiana.
La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente, todo un faenón, como diríamos en el Perú
El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, declaró a Semana desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".
Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation.
Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".

El porcentaje de los Uribe no tiene límites


El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8"
El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca.
Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica con Semana aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda, anota la revista.
Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.
Y apenas vamos por la mitad del segundo mandato de su papá, apunta con ironía Semana.

Tomado de "La Primera".

2 comentarios:

Pateador dijo...

Cualquier persona en contacto directo con algun presidente o algún alto jerarca en un gobierno, sea amigo o familiar, estará al tanto de las oportunidades de inversión relacionadas a las actividades del Estado, antes que los demás.

Lo que Uribe debería hacer es aprender de Alan, que no utiliza familiares (pecado mortal), sino leones!!!! Jajaja.

Anónimo dijo...

Son noticias que nos llenan de indignación: Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, se reunirá en Madrid con el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y recibirá el Premio a la Libertad del Consistorio de Cádiz en la misma ciudad. Además, tendrá una entrevista en El vaticano con el Papa Benedicto XVI. ¿Es solo una pose política o detrás está el objetivo de salvar a quien ya está condenado?
Estos “honores” a un mandatario duramente cuestionado en su país y en el mundo por violaciones a los derechos humanos y corrupción, son un insulto a las víctimas colombianas y a todos quienes creemos en la vida y en la paz. ¿Saben Rodríguez Zapatero, el Consistorio de Cádiz y el Papa que Uribe y sus partidarios están vinculados a los paramilitares? ¿Conocen que en Colombia hay 18 pueblos indígenas al borde de la extinción producto de la guerra interna que se libra en su territorio? ¿Ignoran que hay cuatro millones de desplazados, y cientos de muertos, heridos, torturados, desaparecidos?

Qué vergüenza, señor Presidente del Gobierno español; qué inconsecuencia señores diputados españoles; qué insensibilidad, señores miembros del Consistorio de Cádiz; qué falta de espíritu cristiano, Su Santidad. ¿Será que la espada española y la cruz católica vuelven a juntarse como hace 517 años para premiar, esta vez, la reconquista, el saqueo, el genocidio, la extirpación de idolatrías?

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, se suma al rechazo internacional a la premiación de Álvaro Uribe Vélez, acusado de genocidio por el Tribunal Permanente de los Pueblos que se reunió en julio del año pasado en Colombia. Se suma también al pedido que el Consistorio de Cádiz le retire ese premio y que los diputados españoles lo declaren “persona no grata”. E insta a Joseph Alois Ratzinger a no hacerse cómplice con su bendición de los crímenes del Estado y el gobierno colombianos.

Asimismo, llamamos a las organizaciones indígenas y a los organismos de derechos humanos de todo el mundo a pronunciarse sobre este tema y a continuar denunciando el genocidio de los Pueblos Indígenas colombianos por parte del gobierno de Álvaro Uribe.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, con la vida y con la denuncia a quienes las vulneran. Y advertimos que los premios no salvarán a Uribe Vélez de los juicios morales y judiciales. Los Pueblos Indígenas de Colombia deben saber que el rechazo a Uribe Vélez es un respaldo a su lucha.