sábado, 21 de noviembre de 2009

Comité Central

Mermeládicamente, cierta prensa ha hecho causa (criolla) común con el restaurante “Central”. Otra prensa, que se siente progre y que es amiga de sus amigos (sobre todo cuando invitan), ha pintado al Central como un palacio gastronómico bombardeado por los talibanes. Y al alcalde Masías como el Bin Laden del parque Kennedy.
No tuve el gusto de ir al Central ni conozco a su vecino contiguo, La Bodega de la Trattoria, pero estoy seguro de que no es por puro gusto que Raúl Vargas lamente su cierre y que Reportaje al Perú comente que “perdimos todos” y que hasta Aldo Miyashiro, que tiene pinta de comer sólo tacos fríos, diga que todo esto es un abuso de la municipalidad de Miraflores.
No dudo de que en el Central se comiera bien ni de que entre sus comensales estuviera la flor y nata de la popularidad y el poder.
Lo que me parece increíble es que se hable de cierre arbitrario cuando el Central ¡no tenía licencia de funcionamiento!
De modo que es poco ortodoxo hablar de cierre porque, formalmente, el Central no existió nunca.
A no ser, claro, de que para los tragaldabas de lo “políticamente correcto” –y siempre y cuando se trate de sus amigos- la ley no exista, las normas no se cumplan, los municipios no ordenen y los vecinos no tengan voz y voto.
Dice el dueño del Central que, antes de comprar la casa que convirtió en negocio sin licencia, tuvo “una conversación informal” con el alcalde Manuel Masías y que allí recibió la promesa de un cambio de zonificación que, al final, no se dio.
¿Una conversación informal? ¿Una promesa privada? ¿Un contrato tan oral como sin testigos? ¿Un arreglito bajo la mesa o sobre la mesa (de los postres)?
A mí me importa un rábano que en el Central coman los Raúles y los Cuchos y los diversos Albertos del ambiente y del medio ambiente.
Lo que importa es que el Central era clandestino porque abrió sin autorización y pretendió seguir abierto porque le salía de los forros y porque cierta progresía comía allí con descuento, sobremesa y carantoñas.
O sea que si te arropan los medios y los gourmets del vino Queirolo y/o Tabernero, entonces puedes hacer lo que te da la gana. Desde no requerir de licencia hasta calumniar a Mariana Mould de Pease y mandar a decir a tus sicarios de la tele que si los vecinos están molestos “será mejor que se muden”.
No dudo de que la señora Sandra Plevisani, dueña de la competencia adjunta, puede haber intervenido azuzando al barrio y quejándose ante el municipio. A mí esa señora me cae tan mal como su marido, que es un fujimorista sin vacunar y un negrero con sus mozos y empleados.
Pero el asunto es que esa señora sí tiene licencia para su Bodega y ha cumplido con la ley. Y por más que sus postres me den cólico y su voz de mando me dé escalofríos, las normas son las normas y la verdad es la verdad.
Que haya periodistas que reclamen un estatuto especial, un limbo jurídico para sus cocineros favoritos, da una idea de que el Cuarto Poder ha encontrado entre las ollas y el honesto hollín una manera de ejercer la influencia que antes tuvo en la política y en la economía.
Pero lo peor no es la propuesta de la irregularidad amiguera. Lo peor es ese tono lastimero y huachafo que pinta a un respetable comerciante de la buena comida como si fuera un Galileo perseguido y una víctima digna de asilarse en el local de Aprodeh.
Y, claro, para ir a su rescate galopó hasta Castilla el Mio Cid de la butifarra y el glutamato de sodio. O sea el muy exitoso y reconocido Gastón Acurio, el mismo que dice que el BBVA es lo mejor de la banca y que la cerveza Franca es casi bávara.
Medió Acurio en el conflicto, pero no logró nada. Y el Central sigue igual. Es decir, cerrado sin haber abierto.

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