domingo, 20 de julio de 2008

Encuestas, prensa y Apra

La baja en la popularidad de Alan García no está en relación proporcional al apoyo que buena parte de la prensa le brinda.
El diario “El Comercio”, por ejemplo, es un bastión del régimen que terminó pensando como sus editorialistas, escribiendo como sus colaboradores y demonizando a los adversarios como sus fantasmas de siempre.
¿Qué escribió “El Comercio” al día siguiente del último paro?
Escribió lo siguiente: “En Lima (el paro) fue casi nulo y en el interior se apeló a desmanes y bloqueos para forzar una paralización con consecuencias graves en heridos y destrozos de propiedad pública” (Editorial del 13 de julio del 2008).
En resumen, para “El Comercio” no hubo paro sino chantaje extremista y violencia. Sin embargo, como la consistencia es escasa virtud en la página editorial del diario en cuestión, a párrafo seguido se admite que algo de protesta hubo (y a escala nacional). Ahora, claro, esos reclamos no estaban dirigidos en contra del régimen solamente: “...las protestas no solo fueron contra el Poder Ejecutivo, sino también contra la ineficiencia y desidia de los gobiernos regionales y locales, así como contra el Congreso, todos los cuales deben asumir su responsabilidad”.
¿Ya ven? El paro fue un fracaso pero fracaso y todo –dizque “El Comercio”- el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y hasta el Congreso “deben asumir su responsabilidad”. ¿Qué responsabilidad, si el paro fue un desastre proletario y un duro golpe para la CGTP? No es que Aristóteles sea amigo de “El Comercio”, como se ve.
Cuando “El Comercio” indaga en las motivaciones de la “abortada” movilización popular encuentra que la principal de ellas es “la opinión de los principales involucrados (que) reacciona frente a la intención de modernizar el país”. Y esa modernización tiene nombres, según el diario. Esos nombres son la llamada “ley de la selva”, la de utilidades mineras “y las normas sobre propiedad y venta de tierras comunales...”
¡Ajá! Es la teoría del perro del hortelano bryceanamente copiada en el editorial de “El Comercio”: los que protestan quieren oponerse a la modernización del país. Y esos protestantes resultan azuzados por la izquierda anarcoide de siempre.
Así lo dice “El Comercio”: “...somos conscientes de la persistencia de grupos radicales, felizmente minoritarios, a quienes molestan los avances del país, y que deben ser desenmascarados, denunciados y sancionados con los instrumentos que provee el Estado de derecho”. Entre esos instrumentos, como se sabe, está el uso de las armas y las nuevas leyes que tienden a criminalizar la protesta social.
¿Le ha servido de algo al gobierno un apoyo como el de “El Comercio”?
Viendo las últimas cifras de la Universidad Católica, las que sitúan en 31% el apoyo al régimen, se diría que de poco.
¿Le sirve de mucho al doctor García el control evidente que ejerce sobre la televisión y la tierna comprensión que la radio, en general, le dispensa?
No parece que le sirviera de mucho, aunque la verdad es que el padrinazgo de la TV y la radio, los medios más poderosos por su influencia, sí están evitando un deterioro mayor de las cifras que las encuestas están revelando. Se diría que sin una TV y una radio tan amigas, la aceleración del descenso gubernamental en los sondeos de opinión llegaría a la velocidad de las desgracias.
Lo que no se ha dicho en relación a las encuestas es que éstas no apuntan sólo a Alan García sino al Apra y a sus más rudos mentores.
Nadie se ha preguntado, por ejemplo, cuál ha sido el aporte de Mauricio Mulder en la caída de la popularidad del régimen.
En opinión de este columnista, el “factor Mulder” ha sido devastadoramente decisivo. En las últimas semanas, este desaforado operador de la calle Alfonso Ugarte ha puesto a Montesinos como fuente de la verdad, ha reconocido que –violando la ley de bancarización- pagó al contado 18,000 soles a Canal 4 por la difusión del inmundo spot montesinista, no ha aclarado el enredo del Pnud apareciendo como facturador y se ha permitido acusar a la CGTP de estar implicada en un plan subversivo para “bolivianizar al Perú”.
Pocas veces se ha visto una densidad mayor de metidas de pata, cinismo profesional, sentimiento de impunidad y voluntad de provocación.
Para atenuar el asco producido por el uso de Montesinos, Mulder se ha preguntado: “Cuando Montesinos imputa a Fujimori el haber ordenado el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, ¿eso es verdad o es mentira?”. Y en seguida argumenta que si creemos en esas palabras también deberíamos asumir como verdad lo que Montesinos dice sobre la presunta cobardía del Sutep durante la dictadura.
¿Qué torpezas estará adquiriendo Mulder para argumentar de esa manera? Porque, precisamente, lo que no dice Montesinos es que Fujimori ordenó matar a los estudiantes de La Cantuta. Como géiser de mentiras, Montesinos vocifera o susurra mendacidad sin pausa alguna. Por lo tanto, a Montesinos sólo podemos juzgarlo por los hechos que lo comprometen y por el cúmulo de indicios que lo sindican como el más sombrío asesor de la banda encabezada por Alberto Fujimori, banda a la cual se acercó Agustín Mantilla y a la que ahora se ha aproximado el secretario general del Apra ¡ante el silencio anuente de casi toda la gran prensa!
Pero el telón de fondo de las cifras en las encuestas es la subida anualizada del precio de los alimentos, que ya va por el 9,5%. Es cierto que en eso hay un componente exterior, pero es también cierto que todo sería más manejable si el gobierno hubiera puesto a la agricultura nacional entre sus prioridades. Por lo menos si la hubiera puesto al mismo nivel en el que se encuentra su explícita vocación pro chilena.
Y, por si acaso, al despedirse del puesto, el ex ministro de economía Luis Carranza ha admitido con todas sus letras: “Ahora tienes un contexto en el cual la inflación es una amenaza...”
Un mensaje nada cifrado en relación al gasto público mal hecho y a punto de desbocarse. Un gancho de derecha que nos remite al exterminio del Inti como moneda. Un recuerdo que ojalá no sea del futuro.

1 comentario:

ricardo daher dijo...

Ricardo Daher
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A casi dos años de la asunción de Alan García a la presidencia de Perú (será
el 28 de julio), el país se presenta como el nuevo modelo neoliberal en la
región, y recibe las alabanzas de Washington. Al mismo tiempo que el país
presenta tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) superior al 7%
en los últimos 7 años, el 42% de la población continúa viviendo en la pobreza.

Loe elogios del mundo empresarial y desde los organismos internacionales al
presidente Alan García, y sus antecesores, pretenden presentar al “modelo”
peruano como el nuevo éxito del neoliberalismo en la región y anteponer sus
resultados a los gobiernos progresistas que dominan en los demás países.

En la reciente cumbre UE-América Latina, que tuvo lugar en Lima a principios
de mayo, el presidente, Alan García, lanzó como desafío “superar a Chile” -el
modelo neoliberal por excelencia- en crecimiento económico. En busca de este
objetivo, el presidente Alan García ha profundizado el modelo entreguista al
capital internacional, y para compensar, ha emprendido algunas acciones para
reducir la pobreza con escasos resultados.

Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el
gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un
nuevo decreto presidencial le permite al gobierno disolver las comunidades
indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las
empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus
proyectos.

A sanción del decreto 1015 es rechazado por las organizaciones indígenas que
preparan una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones se coordinan con
las demandas de los trabajadores y todas concluirá con un paro agrario para el
8 y 9 de julio, que enlazará con el paro amazónico del 8, 9 y 10 de julio, y
con el paro cívico y popular del 9 de julio.

En un comunicado reciente, las organizaciones indígenas y campesinas sostienen
que el decreto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios “y
arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización”.
Explican que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en
el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como
requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos
terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce
este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes
a la Asamblea Comunal.

En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum
reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una
comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el
voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.

A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la
titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a
la Asamblea. Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que
invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras
amañando "asambleas".

El boom de la minería

De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares
por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha
multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las
inversiones han castigado comunidades indígenas, han destrozado el medio
ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.

En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el
presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que
hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el
periodo 2008-2015 en el sector minero.

Cruz expuso durante el simposio, en el que participaron más de mil
representantes de las principales empresas mineras del mundo, que actualmente
existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración
avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".

Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería y miembro del
comité organizador del Simposio, Guillermo Albareda, declaró que la existencia
de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos
al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas
señales para la inversión", convierten al Perú en un destino ejemplar para las
empresas.

Los especialistas destacaron que el precio del oro continuará en ascenso, y
superará la barrera de los 1.000 dólares la onza, gracias a fenómenos como la
depreciación del dólar, el alza del petróleo, la inflación, y la demanda de
materias prima de China, también interesada en invertir en el país andino.

Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así
como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado
el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las
ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares.

Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores
mineros.

Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles
de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35%
de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining
Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de
las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con
77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.

Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza,
denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con
sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los
50 años.

En este afán minero, el gobierno insiste en que el 90% de su territorio está
aun sin explorar para esa producción y prepara proyectos para desforestar la
selva del Amazonas, parcelar terrenos, desplazar comunidades indígenas y
convocar a las empresas mineras a que participen en su exploración y
protección. Los proyectos mineros destructores del medio ambiente han sido
rechazados por las comunidades locales ante la indiferencia o complicidad del
gobierno con las empresas.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las amenazas de
muerte contra activistas ecológicos. El representante de A.I. en Perú, Jorge
Trefogli denunció que Javier Jahncke Benavente, defensor ecologista, fue
amenazado de muerte por colaborar con la ONG Muqui en la provincia de Piura
(norte), que trabajaba para que las comunidades campesinas tengan acceso a la
información sobre los planes mineros en la zona. "A.I. también está preocupada
porque hasta el momento no atiende la solicitud de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para proteger a 65 personas de La Oroya, región Junín
(centro andino), una de las ciudades más contaminadas por plomo del Perú, que
tienen alto índice de contaminación", reveló Trefogli.

Gobierno anuncia reducción de la pobreza y nadie le cree

Alan García está recogiendo la política económica aplicada por Alberto
Fujimori desde principios de los 90. Daniel Córdova, decano de la Facultad de
Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, defensor del modelo,
explica el crecimiento del Perú como “la maduración de una serie de fenómenos
que se empezaron a gestar a comienzos de los noventa. El cambio de reglas de
juego, las privatizaciones, la estabilidad macroeconómica, la apertura a la
economía mundial... todo está dando sus frutos", subrayó.

Frutos que no alcanzan a todos. El gobierno anunció con bombos y platillos que
la pobreza había disminuido un 5,2 por ciento durante 2007.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), anunció que el
índice de pobreza bajó de 44,5 a 39,3 por ciento. El jefe del INEI, Renán
Quispe, agregó que la mayor merma de la pobreza se registró en el área urbana,
con una caída de 31,2 por ciento en 2006, a 25,7 por ciento en 2007, mientras
en el área rural la reducción fue de 69,3 a 64,6 por ciento.

El primer ministro, Jorge del Castillo, celebró las cifras reportadas por el
INEI y sostuvo que el país avanza con un “ritmo estupendo” a lograr la meta de
reducción de la pobreza a 30 por ciento en 2011, cuando terminará el mandato
del presidente Alan García. Agregó que el índice de extrema pobreza, pasó de
más de 20 a 13 por ciento. Del Castillo atribuyó el logro a las inversiones
propiciadas por el gobierno, que han generado fuentes de trabajo.

Pero la euforia del gobierno no es compartida por los trabajadores. La
Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuestionó las cifras oficiales.
Según la central, los datos del INEI no condicen con la realidad, pues las
grandes mayorías son afectadas por el impacto del constante incremento de
precios de los productos de primera necesidad, la perdida del poder
adquisitivo de las remuneraciones y el empleo precario. Sostiene que la
reducción de la pobreza ha sido materia de “un anuncio mediático que trata de
ocultar la injusticia social cimentada por el continuismo neoliberal” que el
presidente Alan García prometió cambiar como candidato.

La central sindical reclama una verdadera redistribución de la bonanza
económica para erradicar con eficiencia la pobreza, lo que implica una serie
de reformas, y acusa al gobierno de estar aliado a los grupos de poder. La
declaración de la central sindical afirma que el gobierno exacerba las
expectativas de la población y busca instaurar un régimen mediático alejado de
la realidad, en alusión a anuncios de éxitos y discursos triunfalistas del
presidente Alan García. El objetivo de esas acciones es “mantener el
continuismo neoliberal revestido de un discurso de optimismo que oculta la
exclusión y discriminación de millones de peruanos”, ajenos a los beneficios
del crecimiento económico y a los discursos del presidente Alan García, añade.
Reitera su convocatoria a un paro nacional, el 9 de julio próximo, “para
enfrentar la fantasía presidencial y evitar que siga destruyendo al país,
impidiendo una justa redistribución de la riqueza expresada en bienestar y
trabajo con derechos para todos”.

En tanto, para el ex jefe del INEI Farid Matouk las cifras oficiales no son
creíbles porque nunca antes la pobreza se redujo tan aceleradamente y porque
el gobierno no ha hecho pública la fundamentación estadística de la mejoría.
Dijo además tener información de que la metodología fue manipulada para
aparentar la reducción.

En el mismo sentido se manifestó el ex presidente Alejandro Toledo. ”Lo
felicito siempre y cuando las cifras sean reales", dijo el ex presidente
Alejandro Toledo a Alan García refiriéndose a las cifras de reducción de la
pobreza. Toledo calificó el índice de 5.2% brindado por el gobierno una
cifra "exagerada y poco creíble". "Si en un año se disminuye la pobreza en
cinco puntos quiere decir que en el 2011 se habrá eliminado totalmente",
expresó irónicamente Toledo. El líder de Perú Posible cuestionó la metodología
empleada para obtener las cifras y las críticas que ha generado entre
especialistas nacionales.

El economista Carlos Parodi agregó que no hace falta ser experto para darse
cuenta que la pobreza no se redujo como señala el INEI, pues la realidad
cotidiana evidencia la ausencia de cambios tan significativos.

Refirió que el INEI hizo un juego aritmético para aparentar la reducción y que
una verdadera medición debe contar con más variables y verificar si realmente
la calidad de vida de los peruanos mejoró.

Yakees come home

Junto al modelo de abrir todo su territorio a las multinacionales,
especialmente las mineras que exploran en busca de oro y otros minerales
preciosos, el gobierno también ha abierto las fronteras para el ingreso de
tropas norteamericanas a través de ejercicios militares casi permanentes.

A mediados del pasado mes de mayo, el Congreso autorizó el ingreso de tropas
norteamericanas para realizar ejercicios “humanitarios hasta por lo menos el
mes de septiembre. En la discusión parlamentaria salió a la luz la presencia
ya de soldados norteamericanos en la región centro andina de Ayacucho. Según
presidente de esa región (gobernador), Ernesto Molina, hace más de un año que
soldados norteamericanos están en su jurisdicción y aseguró desconocer a que
se dedican. Esto aparte de funcionarios de la DEA que trabajan en el país, y
responsables hace un par de años del derribo de una avioneta civil que
confundieron con narcotraficantes. La decisión de la mayoría aprista del
Congreso fue fuertemente cuestionada por la oposición y despertó las sospechas
internacionales de que Estados Unidos pretende trasladar a Perú la base de
Manta de Ecuador al vencer el convenio el próximo año.

La oposición también cuestionó el supuesto carácter ”humanista” de los
ejercicios de las tropas norteamericanas en el país.

La parlamentaria Juana Huancahuari, del Partido Nacionalista (PNP) que
representa a Ayacucho, dijo que las tropas extranjeras se proponen operar en
el Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde hay actividad de remanentes del
grupo armado Sendero Luminoso y del narcotráfico. Van a realizar operaciones
de erradicación de plantaciones de hoja de coca e involucrarse en acciones
contra los grupos armados y el tráfico de drogas, bajo la cobertura de brindar
ayuda humanitaria. Huancahuari señaló la responsabilidad del gobierno y el
ministro de Defensa, Antero Flores, por no haber evaluado las graves
implicancias de la presencia de militares norteamericanos armados, paseando
por las calles y pueblos de Ayacucho.

Preguntó por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a perforar
algunos pozos de agua, construir unas pocas aulas escolares y tres centros
médicos, si hay personal peruano capacitado para ello.

”Si vienen en misión humanitaria, para qué traen cuatro helicópteros de
combate Chinook”, inquirió la legisladora, al señalar que las tropas
extranjeras han sido autorizadas con el fin de infundir temor en la población
y aprovechar su sensibilidad respecto al tema de la violencia.

Por su parte, el legislador José Urquizo, también del PNP, reveló que el
Congreso, manejado por el gobernante Partido Aprista y grupos conservadores,
se apresta a extender otro permiso para la entrada de más soldados
norteamericanos. Agregó que el ingreso de las tropas extranjeras a Ayacucho es
un acto de provocación contra las fuerzas sociales, que preparan medidas de
rechazo a los militares estadounidenses y dijo que su bancada exige que el
ministro Flores dé explicaciones al Congreso.

El congresista opositor Víctor Mayorga manifestó preocupación por la constante
presencia de militares norteamericanos en el país y dijo sospechar que la
misma está relacionada con planes de Washington para establecer una base
militar, en reemplazo de la de Manta, Ecuador, próxima a desmantelarse. Indicó
que el gobierno tramitó unas 30 autorizaciones para la entrada de fuerzas del
ejército, la armada y la fuerza aérea de Estados Unidos.

Al anunciarse el ingreso del último contingente, para Ayacucho, el líder
opositor Ollanta Humala planteó que, si es cierto que los militares
extranjeros vienen a colaborar en tareas civiles, por qué traen armas,
incluyendo helicópteros.

Por otra parte, el periodista venezolano José Vicente Rangel, ex
vicepresidente del país, denunció que Perú instaló hace tres meses un centro
de entrenamiento militar multinacional, situado en la población de Iquitos, en
la Amazonía, autorizado por el presidente Alan García y controlado por
personal de Estados Unidos e Israel. Rangel señaló que su función es entrenar
a grupos procedentes de países de la región con gobiernos progresistas, a los
cuales le hacen oposición.