Honduras: incrementar las sanciones y el aislamiento

Por Manuel Rodríguez Cuadros

No obstante la suspensión decretada por la OEA y las medidas de aislamiento político y diplomático adoptadas por Washington, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos, el régimen ilegítimo conducido por Roberto Micheletti continúa ejerciendo el poder en Honduras. La estrategia del golpismo es simple: resistir la presión internacional hasta el mes de noviembre en que están programadas las elecciones generales; efectuarlas en un marco restrictivo y asegurar la elección de un nuevo gobierno que de alguna manera sea la continuidad “constitucional” del golpe militar.
Algunos analistas han querido justificar el golpe hondureño aduciendo que el gobierno de Zelaya estaba en un proceso de afectación progresiva de la institucionalidad democrática, para afianzarse en el poder a través de la reelección. Este enfoque es equivocado y no es democrático. Retrotrae el debate político latinoamericano a las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, donde la democracia se supeditaba a la voluntad política de los golpistas y se justificaban los regimenes de facto “en defensa de la democracia” . Cualquier alteración de la institucionalidad democrática en Honduras, si la hubo, debió combatirse dentro de la democracia y utilizando la propia Carta Democrática Interamericana que prevé esas hipótesis “blandas” del golpismo.
La democracia como única expresión legítima del ejercicio del poder político, las libertades y el respeto a los derechos humanos jamás se deben supeditar a intereses ideológicos o económicos. La historia de los miles de latinoamericanos asesinados, desaparecidos y torturados en la década de los setenta, ha sido el producto macabro de subordinar la institucionalidad democrática y los valores permanentes de la libertad y la dignidad humana a las ideologías de “salvación” del orden y el statu quo.
La democracia es un bien jurídico protegido. Se defiende independientemente de la ideología u orientación política del gobierno afectado o del poder de facto instaurado. Ello explica la extensa coalición de países e intereses que a nivel regional y mundial han condenado el golpe y actúan para obtener la restitución del gobierno legítimo del presidente Zelaya. No obstante, las acciones adoptadas se han mostrado insuficientes. Luego del fracaso de la mediación del presidente Arias, es urgente la convocatoria de una reunión de cancilleres en la OEA, para decidir medidas de sanción y presión más eficaces al amparo de la Carta Democrática Interamericana.
La Carta es un instrumento efectivo. Legitima la acción de los estados, no la decide. Esta es competencia de los gobiernos. En ese ejercicio responsable, el gobierno peruano debe retirar de inmediato a su embajador en Tegucigalpa. Es inexplicable que hasta ahora no se haya adoptado esta decisión. Y la OEA debe decidir sanciones de mayor envergadura, incluidas la suspensión inmediata de las exportaciones e importaciones desde y hacia Honduras.